A pesar de los mejores esfuerzos de los padres, nuestros adolescentes a veces toman malas decisiones y terminan infringiendo la ley. El consumo de alcohol por menores de edad, la posesión de marihuana o conducir sin permiso pueden, en ocasiones, acarrear graves problemas legales. ¿Cómo trata el sistema judicial a los menores? ¿Cuáles son las posibles consecuencias si su hijo menor de edad, denominado «menor» por los tribunales, es condenado por un delito grave o leve?
Los delitos más graves o violentos pueden ser tratados con mayor severidad por el tribunal. Una de las opciones que tienen los jueces de tribunales juveniles es enviar al menor al departamento de justicia juvenil si ha cometido un delito grave o tiene un amplio historial de delincuencia. Esto puede dar lugar a que el menor sea internado en un centro correccional juvenil hasta que cumpla 21 años. En el caso de los delitos graves más graves, la acusación contra el menor puede remitirse a un tribunal de circuito, donde el menor puede ser condenado como un adulto.
A diferencia de los cargos penales contra adultos, los cargos contra menores se inician en el tribunal de distrito de menores y relaciones domésticas del condado o ciudad donde se cometió el delito. Los menores gozan de los mismos derechos que los adultos (como el derecho a permanecer en silencio o a interrogar a los testigos) y tienen la opción de declararse culpables, inocentes o no impugnar los cargos. Existe una diferencia importante entre el trato que reciben los adultos y los menores en el sistema judicial: si un juez de menores determina que un menor es “delincuente” (en otras palabras, que hay pruebas suficientes para condenarlo), el tribunal puede llevar adelante el caso y darle al menor la oportunidad de que se desestime el cargo. Durante este tiempo, el menor puede tener que realizar servicios comunitarios, someterse a terapia o pagar una indemnización. Es fundamental que, mientras el caso del menor esté pendiente, no se le imputen nuevos cargos y asista a la escuela todos los días.
Cualquier acusación, incluso aquellas que parecen tan leves como una multa de tránsito, deben tomarse en serio en el caso de los menores. Por ejemplo, a un menor condenado por dos infracciones de tránsito con puntos de demérito se le suspenderá la licencia durante 90 días, mientras que una tercera infracción dará lugar a la revocación de la licencia durante un año o hasta que cumpla 18 años. Aunque las condenas por delitos menores se mantendrán en secreto y se destruirán cuando el menor cumpla 19 años, la información sobre dichas condenas se seguirá enviando al Registro Central de Antecedentes Penales para que conste en los registros policiales. Las condenas por delitos graves en las que el menor no sea juzgado como adulto permanecerán de forma permanente en su expediente. Sin embargo, el menor no estará sujeto a la pérdida de derechos civiles, como el derecho al voto o a formar parte de un jurado.
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Esta publicación se ofrece como un servicio educativo y no debe interpretarse como asesoramiento legal. Los lectores que necesiten asistencia en asuntos legales deben contratar los servicios de un abogado competente.
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